Viernes 06 de julio de 2012

Comarca

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo que Izquierda Unida Canaria ha interpuesto contra el Real Decreto del Gobierno central de 16 de marzo de 2012,  por el que se otorgan a la empresa de capital transnacional REPSOL los permisos para las prospecciones petrolíferas en aguas canarias, según explicaron miembros del partido en rueda de prensa celebrada en Las Palmas de Gran Canaria

Para Izquierda Unida la batalla jurídica contra la autorización concedida a Repsol está en marcha y se suma a las acciones judiciales emprendidas por otras organizaciones ecologistas, sociales e instituciones canarias. Del mismo modo, el recurso presentado por la federación de izquierdas expresa jurídicamente el amplio rechazo social que las actividades relacionadas con la explotación o transformación de hidrocarburos producen en el pueblo canario.

Izquierda Unida Canaria fundamenta su impugnación a la autorización que el Gobierno de España ha concedido a la compañía Repsol en las siguientes consideraciones:

"Se ha vulnerado la normativa comunitaria y estatal en materia de protección ambiental, particularmente, en materia de hábitat, conservación de las aves y preservación del medio marino. En tal sentido, no se han tenido en cuenta las medidas medioambientales necesarias para reducir los riesgos de accidente grave y limitar las consecuencias en caso de que se llegaran a producir. La autorización concedida por el Gobierno se sustenta en informes desfasados, aportados hace más de 7 años que no incorporan las mejores técnicas disponibles, como tampoco tiene en cuenta el desarrollo normativo en materia ambiental y de evaluación del impacto ambiental que se ha aprobado en estos años transcurridos desde la inicial autorización de 2002 que fuera anulada judicialmente.

Se ha conculcado el derecho de acceso a la información y de participación ciudadana en la toma de decisiones  que afectan al medio ambiente, reconocido en el derecho comunitario y en el Convenio de Aarhus.

Se ha vulnerado la legislación en materia administrativa y la doctrina del propio Tribunal Supremo ya que no es posible convalidar un acto administrativo que ha sido declarado nulo. Solo es posible convalidar los actos anulables, no los actos ya declarados nulos.

Se incurre en un flagrante y descarado fraude de ley puesto que como consecuencia de las modificaciones introducidas en el acto de convalidación, en realidad, se ha dictado un nuevo acto administrativo omitiendo el procedimiento legalmente establecido. Es de destacar que en el primer Decreto se otorgaba permiso para operar en dos pozos y en el actual Decreto en  “al menos dos”, modificándose criterios de inversión y plazos, favoreciendo con ello económicamente a REPSOL.

Se ha ejercitado la potestad de convalidación 11 años después del primer Decreto (2002) y 8 años después de la Sentencia anulatoria (2004) lo procedente jurídicamente hubiera sido incoar nuevo expediente. La intención espuria de hacerlo es evitar que el reglamento que la Unión Europea prepara en materia de prospecciones petrolíferas pudiera afectar dicha tramitación retrasando y dificultando el otorgamiento de la autorización."

Para Izquierda Unida el Auto del Tribunal Supremo que desestima la demanda de ejecución de la Sentencia de 2002 planteada por el Cabildo de Lanzarote no interfiere en el desarrollo del proceso que se abre con el recurso planteado ya que con éste que se inicia se podrán alegar motivos de mayor amplitud que los que motivaron el incidente de ejecución.

Izquierda Unida Canaria señala que con la exploración y explotación petrolífera se pone en riesgo no solo la economía de Lanzarote y Fuerteventura sino toda la economía de Canarias.

Explican que cualquier posible derrame tendría serias consecuencias en el turismo, la percepción del daño irá más allá de las consecuencias reales del mismo, pudiendo generar una crisis que arruinaría todo el sector turístico en Canarias y pondría en grave riesgo a miles de puestos de trabajo Así ha pasado en Florida, ante del derrame en el Golfo de México producido en abril de 2010, donde se produjeron un 75% de cancelaciones antes de que el petróleo llegara a alguna de sus playas. Y no se recuperó a pesar de los anuncios y esfuerzos institucionales para garantizar que las playas estaban limpias.

Desde Izquierda Unida Canaria se defiende un modelo energético para Canarias sustentable, basado en las energías renovables que tan alto potencial tiene para las islas y que tan bajo desarrollo han alcanzado "gracias a la incompetencia de José Manuel Soria, del Partido Popular y las conductas gravemente contrarias al interés general de han dado lugar a escándalos de corrupción como el caso Eólico. "