Martes 31 de julio de 2012

Antonio Morales (*)/ Opinion

El país está intervenido. El ultraliberalismo más brutal y antidemocrático se ha hecho con el control del Gobierno. Se ha consumado el hecho programado por el neoliberalismo, desde los años ochenta, de hacer hincar la rodilla a los poderes públicos y a la democracia a favor de un sistema económico insaciable. Pero el razonamiento irresponsable de muchos analistas, humoristas resabiados e izquierdistas resabidos (los peores según Ferrajoli), políticos cómplices, ciudadanos desinformados, prensa seguidista, etc., es que todo está sucediendo porque nos dio por vivir por encima de nuestras posibilidades y que, por lo tanto, sobran servicios públicos, derechos civiles y laborales, justicia social, políticos, funcionarios y administraciones públicas. Por lo visto no tienen nada que ver la burbuja inmobiliaria en la que nos encerraron sin escapatoria, ni la ingeniería financiera que diseñaron para meternos en una espiral de estafas y abusos sin control. Y resulta que ahora, los responsables son los ciudadanos y todo lo que huela a público: la política, los políticos, el exceso de funcionarios gandules, la demasía de instituciones democráticas como ayuntamientos, comunidades autónomas y empresas públicas han devenido en únicos culpables de esta situación.

La estrategia está muy clara. Se trata de ir creando un estado de opinión favorable al cuestionamiento de los servicios y los servidores públicos elegidos democráticamente. Para debilitar al Estado. Para hacer claudicar al poder democrático. Para después privatizarlo todo. Y los embates se producen por oleadas, en función de las consignas que se lancen en cada momento para condicionar la opinión pública. Por eso, en las últimas semanas, desde el Gobierno y opinadores diversos, ha arreciado una campaña brutal en contra de los ayuntamientos (ahora parecen centrarse también en las autonomías) y otras facetas de lo público, para convencernos de que quién único sabe gestionar es la iniciativa privada y que por lo tanto hay que ponerlo todo en sus manos. Y no digo que no haya que mejorar la gestión pública y corregir vicios, pero de ahí al exterminio va un trecho considerable.

Para justificarlo todo recurren de manera machacona y torticera a la deuda pública y a los costes que supone mantener el conjunto de los municipios españoles. Y es aquí donde adquiere mayor calado la mentira: la deuda española se cifra en una cantidad que gira en torno a los cuatro billones de euros (cuatro veces el PIB) y aunque las cifras puedan variar algo, la generalidad coincide en confirmar que la deuda pública no llega al 16%, la de las familias está en torno a un 22%, la de las empresas en un 30,5% y la de los bancos por encima del 32% . Es decir, la deuda fundamental del país es privada en más de un 83%, y de ésta, casi dos tercios corresponde a los bancos y a las empresas. Claro que la pública seguirá aumentando y aumentando hasta la extenuación al hacérsenos responsables del saneamiento de la banca y del pago de unos intereses usureros cada vez más altos.

Del conjunto de la deuda pública española (solo el 16% del total del país, el 60,1% del PIB), el 46% concierne a la Administración central, el 10,9% a las comunidades autónomas y un raquítico 3,3% a las entidades locales (más de la mitad de ésta pertenece a ayuntamientos capitales de provincia y Madrid se lleva la palma). Es más, según el Boletín Estadístico del Banco de España, la local fue la única administración pública que redujo su deuda en el último trimestre de 2011 frente al aumento que se produjo en las otras. Y todo eso sin Ley de Financiación, con la percepción de solo un 6% de los impuestos…Y aún así, la inversión pública ejecutada por los municipios ha sido considerablemente mayor que la realizada por las comunidades.

Circula por ahí también en estos días un supuesto estudio, elaborado en los aledaños del PP, en el que se dice que los cargos públicos en España son más de 400.000 y que eso significa que tenemos el porcentaje y la cantidad más alta de Europa. Otra mentira. Otra tergiversación de la realidad. Según el catedrático y exrector de la UAB Josep María Vallés, en España son algo menos de doscientas mil personas las que ocupan cargos electos o dependientes directos de los mismos ¡para administrar los recursos públicos de más de 45 millones de españoles!. Las administraciones públicas españolas tienen una dimensión inferior a las de la mayoría de los países avanzados y, tanto en presupuestos como en personas que los gestionan, España está en el penúltimo lugar en la EU-15, la misma posición que alcanza en la clasificación de gasto público per cápita. Igualmente, el personal al servicio del sector público en las administraciones ocupa a algo más de dos millones y medio de personas distribuidas en los tres niveles territoriales, lo que equivale a menos de un 15% de la población activa, porcentaje claramente inferior al de la media europea. Según Eurostat, el peso del sector público en España es inferior al de la media europea. Mientras aquí supone el 45,6% del PIB, la media de los países de la zona Euro es del 50,9%. Pero ya ven, se insiste una y otra vez en utilizar datos inflados para llamar al rechazo.

Mientras, se nos insiste machaconamente que no hay alternativas para salir de esta situación, pero, al tiempo, se amnistía a los evasores de impuestos y se facilita la salida de España de miles de millones de euros, los necesarios para acabar con el déficit sin llevar al país a la pobreza. Los últimos datos que conocemos son auténticamente definitorios. El año pasado el fiscal general del Estado Conde-Pumpido nos advertía que los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social se habían incrementado en un 40% y por las mismas fechas Francia nos descubría que más de 3.000 fortunas españolas tenían una cuenta en Suiza. Pero claro, todo eso es pecata minuta. La realidad es que a través de recursos legales, más o menos legales o claramente ilegales en forma de fundaciones, paraísos fiscales, deslocalizaciones, sociedades patrimoniales, sicav, facturas falsas, argucias empresariales…etc, cada año se dejan de ingresar al fisco miles y miles de millones de euros. Según el Sindicato de Técnicos del ministerio de Hacienda, España es el tercer país más defraudador de la UE, con un 23,3% de su PIB. Mientras el 71% de la evasión (44.000 millones de euros) la cometen las grandes fortunas y las grandes empresas, el ministerio "dedica el 80% de la plantilla (28.000 funcionarios frente a los 140.000 de Francia o los 150.000 de Gran Bretaña) a la comprobación e investigación de los pequeños fraudes e irregularidades de autónomos, pequeñas empresas y de algún trabajador que haya olvidado alguna partida en su declaración". Según los técnicos de Hacienda el principal problema de la economía española es el profundo descenso de los ingresos tributarios y el fraude fiscal y calculan una reducción de más de 50.000 millones de ingresos por este concepto. Según el investigador en fraude fiscal Friedrich Schneider en un estudio realizado sobre España en 2009, "la erradicación de la economía sumergida supondría un aumento del PIB superior a los 200.000 millones de euros".

Y hay casos sintomáticos. Resulta curioso ver en la lista de las empresas que se pasean por los paraísos fiscales a las eléctricas y petroleras españolas que se quejan de que soportan un déficit tarifario que tenemos que pagar todos los españoles con un aumento continuo del recibo de la luz; o a Zara que se ahorra un buen fajo de impuestos al facturar sus ventas en Internet desde Irlanda o al ínclito Emilio Botín, que aplaude a rabiar cada una de las medidas de ajustes y recortes de Rajoy y que pide más y más, ("las reformas son duras pero imprescindibles") y que tenía como mínimo 2.000 millones de euros ocultos en las cuentas suizas de HSBC…Y como Botín, vemos a muchos de ellos pidiendo cada día más reformas, menos impuestos, menos administración, menos servicios públicos…Pero toca atacar a los ayuntamientos y a sus cargos electos, a las autonomías…. Toca atacar lo público para quedarse con todo. Como dice Félix Ovejero, se ataca a las instituciones que se inspiran en valores que no tienen precio: "nada que ver con la tesis que tanto se pasea por los medios y cuya teoría más seria, y única, consiste en que la actividad pública es un latrocinio, la redistribución un expolio y los impuestos una confiscación. Eso es otra cosa: mala economía y repugnante moral. Economía al mejor postor". Y socavamiento de la democracia. O de lo que queda de ella.

(*) Antonio Morales Méndez es Alcalde de Agüimes