Martes 03 de julio de 2012

Sheila Colón (*)/ Opinión

Es curioso, a la par contradictorio, que los simpatizantes de este gobierno identifiquen la defensa del Estado y la soberanía nacional con el transcurso de un partido de fútbol, en lugar de exigir al Presidente de España su presencia en el gobierno y apoyo a los bomberos y voluntarios que arriesgan sus vidas para sofocar el inmenso fuego que ha arrasado más de 500 m2 de superficie forestal en Valencia, equivalentes a la ciudad de Madrid.

Sin embargo, este no es el caso del Partido Popular. Pues este rezuma coherencia ideológica por los cuatro costados en lo que a favorecer el interés privado y destruir los servicios públicos se refiere. Sin ir más lejos, han cercenado un 31,2 % del presupuesto del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente y reducido el porcentaje de inversión sobre el Presupuesto General del Estado, pasando de un 1,7% en 2011 a un 1,2% en 2012.

Esto se traduce en un 25,32% de recortes en la calidad del agua, proponiendo entre otras políticas, la privatización del canal Isabel II que abastece a gran parte de los municipios madrileños, a los cuales Esperanza Aguirre somete a chantaje, amenazando con que de no firmar los nuevos convenios el Canal queda libre de romper los acuerdos de suministro de agua y de alcantarillado vigentes a los municipios y proceder a la liquidación de las deudas pendientes de los ayuntamientos.

Por otro lado,  se suprime  en un alarmante 47,99% en las actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático, con la intención de mercantilizar las emisiones de CO2. Este es un fraude mundial llevado a cabo por diversos países adscritos al protocolo de Kyoto como Francia, Dinamarca, EEUU…que lejos de intentar reducir las emisiones de CO2, sólo pretende ser una vía más de recaudación del Estado “multando” a los ciudadanos injustamente.

Asimismo,  se aplica otro tijeretazo de un 35,60% en la conservación de la costa y el ministro Arias Cañete insta a la creación de una nueva ley de costas que permita la compra de suelo, dirigida obviamente, a perpetuar la especulación urbanística y la destrucción de los ecosistemas costeros que implica el modelo turístico español.

Y por último, se disminuye drásticamente la designación en un 15,60% en la en protección y conservación del medio ambiente y se proponen nuevas leyes de suelo rural y forestal.  Por lo que no es de extrañar que tras esta enorme catástrofe medioambiental en Valencia acechen los intereses especulativos de la clase política para recalificar el terreno rural y cederlo a los ávidos constructores en pos de su interés lucrativo, prosiguiendo así esta aberración de modelo de crecimiento insostenible que no ha traído progreso, si no que cada vez está más cerca del colapso medioambiental y social.

Es por ello que el Gobierno actual atenta contra la seguridad de los ciudadanos, mientras que estos  aún no conciben la defensa de los bienes públicos como la del propio patrimonio privado, ni que las pérdidas medio ambientales son sufragadas económicamente con el dinero de todos. Se están haciendo auténticas barbaridades en nombre de esta gran estafa llamada “crisis”, lo cual supondrá un reto mayor para los entres sociales defensores del medio ambiente a la hora de concienciar a la población. Tarea extremadamente difícil, pero no imposible.

(*) Sheila Colón Alonso es Coordinadora de Medio Ambiente de Izquierda Unida Canaria en Gran Canaria