Jueves 05 de julio de 2012

Antonio Morales Méndez (*)/ Opinión

Desde hace tiempo, aunque se ha producido una intensificación del mensaje desde la llegada de la crisis, los medios de comunicación más ultramontanos y el neoliberalismo más cerril andan metidos en una campaña intensa, muy intensa, en contra de la política, los políticos y lo público en general.

Desgraciadamente, no son pocas las veces que otras voces más moderadas y democráticas (incluyo aquí a algunos humoristas  resabidos y a izquierdistas resabiados, que tienen más culpa si cabe) le andan a la zaga calcando sus afirmaciones de que sobran muchos políticos, funcionarios e instituciones. Para todos ellos, en la política están los menos inteligentes, los más chorizos, los más ineptos y suma y sigue. Los funcionarios son, por otra parte, los trabajadores más absentistas, sus sueldos “se tragan” los ingresos de la administración y son todos unos gandules acomodados. Dice el sabio refranero español que en todas partes cuecen habas: lo perverso es la generalización.

Para esta gente sobra una buena parte de la administración pública, auténtica rémora del crecimiento económico, que solo debe existir para, como decía hace poco un escribiente ultraliberal, “hacer bien lo que el sector privado no puede hacer, y nada más que eso”. Y para rescatar, claro está, con el dinero de todos  a los lobbys que quiebren y a los bancos que nos estafaron hasta la extenuación y para hacer caer el déficit que produce todo esto sobre nuestras cabezas, nuestra seguridad, nuestro empleo, nuestras garantías sociales y nuestros derechos y libertades.

Y el mensaje va calando. No se diseñan las campañas, alterando cifras, datos y porcentajes, de manera gratuita. Sin darnos cuenta apenas nos van inoculando el virus del desafecto y el rechazo a la política, a las instituciones, a los funcionarios nos van inoculando el virus del desafecto y el rechazo a las instituciones, a los funcionarios y a todo lo que huela a la gestión  gubernativa estatal. Por eso no nos debe extrañar que, tras el paro y los problemas económicos, la tercera inquietud de la ciudadanía, según el último Barómetro del CIS sea la política y los políticos.

Se suma este juicio a la encuesta encargada por El Mundo a Sigma Dos, donde se constata que los españoles consideran que Rajoy no está haciendo lo suficiente para adelgazar la administración pública, en sintonía con la línea editorial del periódico que pedía hace poco una disminución en todos sus niveles “ya que se come tres de cada  cuatro euros”. También para Metroscopia, en una encuesta encargada por El País, el 62% de los ciudadanos cuestiona las instituciones y ocho de cada diez a la clase política.

Ante todo este caudal de intoxicaciones y  de maniobras encaminadas a reducir lo público a la mínima expresión, un gran número de los que piensan lo contrario se achantan. Otros no cuentan con los espacios adecuados para expresarse. La ciudadanía se muestra resignada o marginada, cuando no indignada. Muchos intelectuales miran para otro lado…Bueno, afortunadamente no todos. J.M. Vallés y X. Ballart acaban de editar un libro valiente y arriesgado que cuestiona los tópicos y las estrategias encaminadas a poner chinitas a la democracia y sus instituciones.

En “Política para apolíticos. Contra la dimisión de los ciudadanos”. (Ariel), participan además expertos en Ciencia Política de la talla de Joan Subirats, E. Anduiza, J. Botella, Q. Brugué, A. Casademunt, A. M. Fernández, F. Morata y S. Martí y se mojan en la profundización de las causas del desafecto, en aportar alternativas y en hacer una llamada a la participación de los ciudadanos al compromiso con la política y la democracia.

En la presentación de la publicación, J.M. Vallés, nos  advierte que se está situando a la democracia en una posición de fragilidad  y que se nos vende el fracaso económico como un “exceso de política”, lo que lleva a una des-democratización que entrega atribuciones políticas a autoridades no electas, agencias, bancos centrales, etc. Se trata de facilitar, además, una menor regulación pública de la actividad empresarial, la reducción de las cargas impositivas redistributivas y recortes de derechos y prestaciones sociales.

El libro es profundamente enriquecedor y, aún reconociendo desequilibrios, déficits de gestión, desorganizaciones, abusos sindicales que alimentan el desprestigio social, etc, no ahorra detalles para desmontar el entramado antidemocrático, como cuando nos dice que en España  son algo menos de doscientas mil personas las que ocupan cargos electos o dependientes directos de los mismos; que las administraciones públicas tienen una dimensión inferior a las de la mayoría de los países avanzados; que tanto en presupuestos como en personas gestionan recursos equivalentes al 38% del PIB, mientras que la media para la EU-15 es del 46%, lo que hace que España esté en el penúltimo lugar de este ranking, la misma posición que alcanza en la clasificación de gasto público per cápita; que el personal al servicio del sector público en las administraciones ocupa a algo más de dos millones y medio de personas distribuidas en los tres niveles territoriales, lo que equivale a menos de un 15% de la población activa, porcentaje claramente inferior al de la media europea…

Esta obra  no pretende ser, desde luego, un panegírico. Y por eso dedica buena parte de sus análisis a dar cuenta de los enormes lastres que arrastra un sistema al que la partitocracia imperante, instalada cómodamente en la alternancia de poder, no sabe o no quiere dar respuesta. Así nos refiere en profundidad cómo la política se ha ido apartando de lo que interesa realmente al ciudadano con promesas generosas, titulares llamativos, declaraciones de intenciones vacuas; de cómo se ha intensificado la lejanía entre los ciudadanos y la política, por lo que sería necesaria la búsqueda de la mejora de la representatividad; del enorme divorcio entre la sociedad civil  y los partidos, convertidos en organizaciones profesionales, sumidos en una espiral de concentración de poder.

Nos habla de la percepción de corrupción generalizada (para la ciudadanía la honradez se está convirtiendo en una excepción y no en la regla) pero que no es mayor que la que se da en otros ámbitos y que es magnificada por su utilización como arma política y  por unos medios de comunicación que prefieren el conflicto y la estridencia frente a las noticias positivas (“la comunicación parcial o deficiente pervierte la visión de la política”).

Nos habla del fraude continuo de las ideas y las promesas de los partidos, homogeneizados por el planteamiento neoliberal y por sus prácticas al servicio de los lobbies o grupos de interés, y que solo se diferencian en algunas “políticas simbólicas”. Y, por último, nos advierte acerca de la apropiación indebida de la política por parte de los políticos, en detrimento del resto de la sociedad y de la sensación de inutilidad que transmite la constatación de que el poder económico de las grandes empresas transnacionales supera al de los estados.

Pero no se queda en ello. Da alternativas. El individualismo más radical y el poder económico no pueden arrinconar a la política, que no merece convertirse en una innecesaria molestia sino en fabricante de sueños colectivos. Afirmar, dice,  que la iniciativa ciudadana no sirve para nada es como reconocer que los avances de la humanidad han sido fruto del azar, por lo que es preciso construir lazos de confianza entre políticos y ciudadanía.

“El desarrollo sostenible, la seguridad colectiva, la protección real de los derechos individuales y, en último término, garantías efectivas para la libertad, la igualdad y la dignidad de todos los habitantes del planeta” solo es posible desde una moral colectiva que comprometa al individuo con su comunidad ya que “cuando se denuncia el abandono del gobierno en manos de las élites y se reclama una intervención directa de los ciudadanos en la dirección de los asuntos públicos, un sistema democrático infectado por actitudes de desinterés, desencanto o repulsa ni se justifica o mantiene…Si los ciudadanos no sienten aprecio por el sistema de gobierno del que son responsables, no está nada claro que puedan conservarlo”. ¿Cabe alguna duda de que es de suma urgencia reclamar más política, más ciudadanía y más democracia?

(*) Antonio Morales Méndez es Alcalde de Agüimes